DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Política
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este miércoles ante el Pleno del Congreso que la regulación de los alquileres que contendrá la futura Ley de Vivienda que prepara su Ministerio será "una medida oportuna, ponderada, tasada y proporcional".
Asimismo, ha justificado que esta regulación se lleve a cabo a través de un proyecto de ley, y no de urgencia con un decreto, pues "afecta a la propiedad privada" y, por tanto, "necesita las garantías de una ley". "Si así fuera, no estaríamos planteando la constitucionalidad de lo aprobado en Cataluña, sino de lo aprobado aquí", ha abundado.
Todo ello en una interpelación urgente dirigida por la diputada de la CUP Mireia Vehí, que además de exigirle una regulación de los alquileres, le ha exigido no recurrir la ley catalana del vivienda aprobada por el Parlament, que contempla esta regulación.
En este sentido, Ábalos ha asegurado que "no le corresponde al Ministerio de Vivienda estas cuestiones", sino al de Administraciones Públicas y Política Territorial, que, según ha dicho, "tendrá que ver si hay o no elementos de constitucionalidad". En todo caso, ha señalado que en este tipo de posibles litigios "siempre se abre un proceso de acuerdo, de conversación o negociación antes de plantear cualquier recurso".
LA CUP PIDE UTILIZAR LOS INMUEBLES DE LA SAREB
En su intervención, la diputada de la CUP ha denunciado la falta de políticas públicas para garantizar la vivienda, cómo la pérdida de esta "desencadena la pobreza" y el papel que juegan en el mercado los fondos de inversión como Blackstone, "el mayor propietario de viviendas y hoteles" en España, y cuyo presidente declaró tener "250 millones de pólvora seca para invertir en la crisis". "Esta gente son carroñeros, la piedra angular de la economía de casino", ha criticado.
Por ello, ha exigido una regulación de urgencia en materia de alquileres --"La gente no puede esperar"--, la utilización de inmuebles de la Sareb para incorporar al parque público de vivienda, la prohibición de las Socimis y también de los desahucios, algo que, ha pedido, recoja la prórroga del vigente estado de alarma. "Esto es una batalla entre el capital y la vida. O apuestan por la vida o el capital acabará con muchas vidas", ha concluido.
PROHIBICIÓN DE DESAHUCIOS, PERO CON CONTRATO
Por otro lado, Ábalos ha reconocido este miércoles en el Congreso que le impactó ver la imagen de una familia desahuciada con cuatro menores en el madrileño barrio de Carabanchel, pero ha recalcado que se trataba de la 'okupación' de una vivienda de la Sareb (el conocido como 'banco malo' del Estado utilizado para acumular activos inmobiliarios de los bancos durante el rescate financiero), y que por ello su caso no estaba acogido a la moratoria.
"No podemos permitir confinamiento y, al mismo tiempo, poner en riesgo la posibilidad de una morada. Es una contradicción, y por eso suspendimos el procedimiento de desahucios que afectara a arrendamientos de vivienda --ha explicado--. Los desahucios están suspendidos los desahucios, pero tienen que tener contrato".
También ha recordado que el Gobierno prorrogó de forma automática seis meses los contratos próximos a finalizar y estableció medidas para reducir los alquileres un 50% o una moratoria de pagos en caso de grandes tenedores o vivienda pública, así como préstamos avalados para pagar las rentas.
Sin embargo, el Gobierno dejó fuera de la prórroga de estas medidas del conocido como 'escudo social' la posibilidad de negociar una moratoria hipotecaria y la prohibición de cortar el suministro básico de agua, luz o gas a todas las familias, manteniéndose únicamente para hogares beneficiarios del bono social con hijo a cargo, discapacitado o dependiente, como antes de la pandemia.
Por otro lado, Ábalos ha asegurado que la nueva Ley de Vivienda contendrá un "Marco legislativo adecuado" que mejorará "las garantías legales y procesales" para personas afectadas por procedimientos de desahucio "como garantías del cumplimiento del derecho a la vivienda".
Respecto a las acusaciones de Vehí a los agentes de Policía que intervienen en los desahucios, Ábalos les ha defendido diciendo que "son funcionarios", que "no son los que mandatan" estas ejecuciones, sino que son "instrumentos" para hacer cumplir la ley, y ha concluido diciendo que "seguro que muchos no lo hacen con ningún gusto".
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido que el Gobierno "ha actuado" para frenar la segunda ola de COVID-19, así como que ha proporcionado "los instrumentos necesarios" a las comunidades autónomas para responder al nuevo incremento de casos.
"El Gobierno aprobó el 16 de julio con las CCAA un Plan Nacional de Respuesta Temprana, que fue actualizado la semana pasada. Esto se ha hecho con respeto al marco institucional, que confiere a las comunidades autónomas un papel muy relevante. El Gobierno ha actuado, coordina a las CCAA y proporciona los instrumentos necesarios a las CCAA para poder responder a esta segunda ola", ha argumentado en respuesta a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en el Congreso de los Diputados.
La dirigente 'naranja' ha pedido al ministro que aclare qué ha hecho exactamente el Gobierno para contener la segunda ola de la pandemia. "La realidad es la que es, España es el país que peor ha gestionado la pandemia, y vamos camino de hacer lo mismo en la segunda ola", ha criticado duramente.
Así, ha defendido que su partido, desde una posición de altura de Estado, lleva "meses" advirtiendo de que la pandemia "se iba a descontrolar". En este sentido, Guillermo Díaz, también de Ciudadanos, ha criticado que "errar dos veces en lo mismo en esta materia es inadmisible".
"La afirmación hemos vencido al virus no se la cree nadie, y la dijo exultante el presidente del Gobierno. ¿Ayudó a relajar la tensión?", ha comentado a Illa, reprochándole que Pedro Sánchez proclamara la derrota del virus al finalizar la primera ola, lo que, a su juicio, ha llevado a una excesiva relajación por parte de los ciudadanos.
Por otra parte, Arrimadas ha afeado al ministro de Sanidad que el Gobierno decrete un estado de alarma, pero no "tome las riendas" realmente. "No vale cualquier estado de alarma. ¿De verdad pensaban venir con un estado de alarma para seis meses y que no lo presente el presidente? Ustedes son el Gobierno, no un dispensador de estados de alarma para las comunidades", ha indicado.
El ministro ha contestado que es necesario tener unas medidas comunes en toda España para hacer frente al avance del COVID-19, pero ha puntualizado que la situación no es igual en todos los territorios. "Tenemos que tener unos criterios homogéneos, pero la respuesta no puede ser la misma en diferentes comunidades, en Canarias que en Navarra"
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este miércoles que el Gobierno está "muy orgulloso" de presentar unas cuentas "anticíclicas y claramente expansivas" que contribuirán al crecimiento, la creación de empleo y la revitalización de servicios públicos", y ha defendido que la subida de impuestos está en el "punto de equilibrio" ante las críticas vertidas por el PP por el alza y las de la CUP por considerarla poco ambiciosa, y ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy subió los impuestos por 23.000 millones de euros.
Así lo ha señalado durante su intervención en el Pleno del Congreso en respuesta a una pregunta de la diputada del PP Carolina España sobre las subidas de impuestos que ha "escondido" el Gobierno en el plan presupuestario y otra pregunta del diputado de la CUP Albert Botran sobre si la política fiscal del Gobierno pasará a ser más progresiva ante la "evidencia" de las necesidades con el nuevo Estado de alarma.
Montero ha defendido que los Presupuestos de 2021, cuyo proyecto fue aprobado ayer en el Consejo de Ministros y ella misma llevará y presentará este miércoles al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria, son "imprescindibles" para la transformación y recuperación de España.
"Este Ejecutivo está muy orgulloso de presentar unas cuentas anticíclicas, claramente expansivas, que contribuyan al crecimiento, la creación de empleo, la revitalización de servicios públicos y a proteger el interés general para que todos, al menos, en Sanidad, Educación, servicios sociales y oportunidades de empleo seamos iguales", ha apostillado.
Ante las críticas de España (PP) por la subida "masiva" de impuestos que afectará a "clases medias y trabajadoras" y las de la CUP por considerarla "poco ambiciosa", Montero ha considerado que la subida de impuestos está en el "punto de equilibrio" que se buscaba.
Los PGE prevén una recaudación récord de 222.107 millones, un 13% más, incluyen una subida del IRPF, Sociedades y Patrimonio a rentas altas, el alza del diésel, un nuevo impuesto a los envases de plástico, un IVA del 21% a las bebidas azucaradas, un incremento de las primas de seguros, una reducción de las exenciones de los planes de pensiones y un tipo del 15% para 'socimis', que se suman a las tasas 'Google' y 'Tobin'.
La ministra ha afeado a España (PP) sus críticas recordando que el Gobierno de Mariano Rajoy subió hasta "60 veces" los impuestos, con un alza de 23.000 millones que afecto a la clase media y trabajadora, además de "recortar" servicios públicos por 10.000 millones, "debilitando" la Sanidad y la Educación y aprobando una amnistía fiscal declarada inconstitucional que perdonaba deuda a los defraudadores.
A Botran (CUP) le ha respondido que el acuerdo programático del Gobierno que preveía una revisión fiscal en profundidad se irá acompasando para hacerlo "compatible" con el crecimiento, la creación de empleo y la igualdad de oportunidades.
Por ello, ha apuntado que ahora se ha presentado una batería de medidas y "ajustes" fiscales para incorporar más recursos a la tributación con el objetivo de "blindar" los servicios públicos y se incorporará una anualidad "muy importante" del fondo europeo para impulsar el crecimiento y la recuperación.
En todo caso, ha señalado que se va a crear un grupo de expertos para acometer esa revisión fiscal "en profundidad" del sistema tributario para ganar "progresividad" y que "cada uno contribuya según su capacidad y se reciba según sus necesidades".
Además, le ha preguntado si "por una vez (en la CUP) se van a tener a razones" y pactarán los PGE o seguirán en su postura de "estar contra todo", teniendo en cuenta que, según ha dicho, los PGE "respetan" el Estatuto de Autonomía de Cataluña, aportan un mayor volumen de recursos al a comunidad y contribuye a recuperar el crecimiento, dar oportunidades a los jóvenes, proyectar infraestructuras y que llegue el ingreso mínimo vital, reforzando además los servicios públicos.
EL PP CRITICA LA SUBIDA PORQUE AFECTARÁ A LA CLASE MEDIA
Por su parte, la diputada 'popular' ha criticado que en un momento de "mayor deuda publica de la historia" el Gobierno suba los impuestos, siendo "el único país de Europa" que los eleva, y ha cuestionado que el Ejecutivo diga que se sube los impuestos a los "ricos" cuando el alza en el diésel afectará a 17 millones de españoles como autónomos con furgonetas, tractores en el campo, así como otras subidas como los planes de pensiones o los seguros.
"Los ricos van a pagar el 10% de la subida y el resto la clase media trabajadora, las familias, pymes y autónomos", ha afeado la diputada a la ministra, a la que le ha reprochado la "vergüenza" de que no se baje el IVA a las mascarillas y se eche la "culpa" a Europa.
Ha avisado de que la mayor presión fiscal en España pondrá "en riesgo" la recuperación y el empleo y, en su lugar, ha pedido una bajada del IVA del turismo en la línea de Reino Unido y Alemania y una disminución del gasto.
"Han querido subir el sueldo de los diputados y les hemos tenido que parar, abróchense el cinturón como hacen todos los españoles", ha añadido, para calificar al Gobierno del "más caro e ineficaz de la historia" y e "irresponsables".
LA CUP CREE QUE LAS MEDIDAS "QUEDAN LEJOS DE LO NECESARIO"
Por el contrario, Botran (CUP) ha señalado que la creación de la comisión de expertos suele ser "sinónimo de dilatar decisiones" y ha cuestionado la subida al considerar que es poco ambiciosa respecto a lo previsto inicialmente.
Así, ha recordado que frente al lema de que "el 99% v a contra la concentración del poder económico y político del 1%", las medidas fiscales no afectan al 1% y "mucha gente" de la asistente a la "famosa cena del lunes" no se verá afectada.
En concreto, ha apuntado que el alza del IRPF afectará al 0,17% de contribuyentes, Patrimonio a un 0,1% y las tasas 'Google' y 'Tobin' ya venían de 2019, así como Sociedades, que estaba previsto en los fallidos PGE de 2019, a lo que se suma que no se ha concretado nada sobre el tipo mínimo del 15% en Sociedades.
"Las medidas quedan lejos de lo necesario y de su propuesta en el m arco e la comisión de Reconstrucción", ya que, ha recordado, Unidas Podemos planteaba un impuesto a la riqueza que afectaba a un 0,5% de contribuyentes, con una recaudación de 9.800 millones, aunque quedaba aún lejos e la propuesta de la CUP, con una tasa 'Covid' para gravar fortunas de más de un millón de empresa y a empresas con beneficios de más de 5 millones.
La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha defendido que la reforma educativa sí cuenta con el "diálogo" de la comunidad educativa, al afirmar que las enmiendas presentadas al texto (más de 1.000) son consecuencia del mismo.
Así lo ha asegurado este miércoles en el Pleno del Congreso, al ser preguntada por el diputado 'popular' Pedro Navarro sobre qué entiende por diálogo y acuerdo en una reforma educativa, después de que la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso rechazase que la comunidad educativa participase en la tramitación de la ley con los votos a favor de partidos como el PSOE y Unidas Podemos.
El diputado del PP ha reprochado a la ministra esta ley, que avanza "sin consenso", porque a su juicio se trata de una "contrarreforma ideológica" que "ataca la libertad de elección a la educación concertada y especial" y "huye del diálogo con los expertos". "Si tan bueno es su proyecto de ley, por qué no quiere escuchar a nadie?", le ha preguntado.
Durante su intervención, la ministra ha defendido que la tramitación de la ley se ha basado en "hechos". "Esto es lo que entiende esta ministra por diálogo, convocar el Consejo General de FP después de 7 años de abandono, convocar el Observatorio de Becas y Ayudas, esto es diálogo, incluso convocar la Mesa de la Concertada también es diálogo, celebrar 7 Conferencias Sectoriales, 8 Comisiones Generales, 6 Conferencias de FP y 2 de personal, eso es diálogo, y diálogo es aquel que tiene consecuencias", ha señalado.
Y ha proseguido: "Además de todo lo que hemos venido realizando en las consultas públicas, en la audiencia pública, y reunirnos con 48 organizaciones sociales de la sociedad civil y la comunidad educativa con consecuencias de enmiendas para el proyecto de ley; hechos, no palabras".
En este sentido, Navarro ha recordado que su socio en el Gobierno, Unidas Podemos, ha presentado 54 enmiendas, mientras que el propio PSOE ha registrado más de 100, haciendo un total de más de un millar de enmiendas al proyecto de ley. "Aquí es donde tiene que comparecer la sociedad civil, ¿por qué le tienen tanto miedo?", ha dicho refiriéndose a la Cámara Baja. "Esta no va a ser recordada como la 'ley Celaá, sino como el decretazo Celaá", ha comentado, y ha pedido a la ministra que "cuide las formas" y que escuche a la gente.
Precisamente, en su turno de réplica, Celaá ha reprochado al diputado su falta de diálogo. "No diálogo es anunciar sencillamente una enmienda a la totalidad minutos después de haber registrado el proyecto de ley, sin haberlo leído; no diálogo es suscitar una mayor alarma en la comunidad educativa y en las familias en plena pandemia con cuestiones plenamente contrarias a lo que dice la ley; no diálogo es cuando se plantean enmiendas transaccionales y ustedes no las acepten aun a sabiendas de que en el fondo hay acuerdo hace muchísimo tiempo", ha desgranado.
Asimismo, ha afirmado que el PP constantemente demanda un Pacto educativo para "hacerlo inmediatamente imposible", lo cual "coincide con su historia", según ha dicho. Y ha zanjado su intervención defendiendo que "todas las enmiendas de puño socialista han venido respaldadas por otras fuerzas políticas de la Cámara", cuando las de PP no han contado con ningún apoyo. "La historia demuestra con hechos que el diálogo viene del PSOE y de aquellos que les acompañan"
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha disculpado este miércoles por acudir a una gala de entrega de premios en la noche del lunes, junto a otros políticos y ministros, pese al establecimiento del toque de queda, la recomendación de evitar grandes reuniones y el estado de alarma por el alza de la segunda ola del COVID-19. Al respecto, ha reconocido que los ciudadanos "tienen razón" por sus críticas.
Antes de comenzar su respuesta a una interpelación de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, el ministro ha dedicado unos minutos a pedir perdón, aunque también ha argumentado que estuvo en el acto "el tiempo estrictamente necesario".
"Estuve como muchos otros. Tan solo como representación institucional el tiempo estrictamente necesario para arropar a uno de los premiados, las Fuerzas Armadas que tan buen trabajo han hecho durante la pandemia. Tras la entrega del galardón, me fui, no me quedé a cenar", ha señalado.
En cualquier caso, ha comprendido por qué "muchos ciudadanos no lo han entendido". "Tienen razón. Es verdad que el evento cumplía con las reglas y las distancias, pero tienen razón. Hasta en los actos en los que se cumplen todos los requisitos, hasta en estos casos, es mejor evitarlos. El camino es solo uno, la mejor distancia es no estar. Los ciudadanos tienen razón"
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha abierto la puerta a bajar el IVA de las mascarillas o bien a abaratar su coste para los más desfavorecidos: "Lo estamos explorando", ha dicho en el Congreso.
En respuesta a una pregunta de Bildu, Garzón ha admitido que el precio máximo fijado por unidad, 96 céntimos, sigue siendo muy caro
para un producto de primera necesidad y de uso obligatorio en estos tiempos de pandemia de coronavirus.
Por eso, y pese a que desde el Ministerio de Hacienda se ha venido descartando la bajada del IVA, el ministro de Izquierda Unida ha asegurado que esa posibilidad está sobre la mesa del gobierno.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se marche si va a delegar finalmente la gestión del estado de alarma ante el coronavirus en las Comunidades Autónomas. "Si delegan sus competencias en las autonomías y las del Parlamento en el Consejo Interritorial. ¿Usted para qué está? Váyase y acabamos antes", le ha reprochado.
En su intervención durante la sesión de control al Gobierno durante una pregunta al vicepresidente Pablo Iglesias, el 'número dos' del PP ha reprochado el planteamiento del Ejecutivo de volcar el peso de la gestión del estado de alarma en los gobierno autonómicos.
De hecho, ha recriminado a Sánchez el plantear un estado de alarma de seis meses de duración y "sustituir" el control del Parlamento por el Consejo Interterritorial de Sanidad, órgano en el que tiene mayoría el PSOE.
En esta línea, el diputado del PP ha invitado al presidente del Gobierno que se "quite los complejos" y las decisiones se tomen directamente "en la calle Ferraz".
"Si delegan sus competencias en las Comunidades Autónomas y las del Parlamento en el Consejo Interritorial. ¿Usted para qué está? Váyase y acabamos antes", ha lanzado Egea al jefe del Ejecutivo.
Además, le ha exigido explicaciones de por qué acelera la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no recoge la "mano tendida" del líder del PP, Pablo Casado, para tramitar una nueva ley de pandemias que proteja la salud de los ciudadanos.
El diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro ha acusado este miércoles al Gobierno de "blanquear" a los "herederos de ETA", en alusión a Bildu, para "mendigar" su apoyo, a lo que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha replicando recordándole que, cuando formaba parte del PP, avalaba los contactos del expresidente José María Aznar con "el Movimiento Vasco de Liberación", como se refirió en su día a la banda terrorista.
Durante la sesión de control al Gobierno, Gil Lázaro ha cargado una semana más contra Marlaska, al que ha censurado que "dé crédito" en materia de derechos humanos a Bildu y que incluso firmen con ellos un manifiesto contra los discursos de la "extrema derecha".
"El Gobierno, de nuevo, blanqueando a los herederos de ETA para mendigar un apoyo manchado de la sangre de los crímenes etarras que Bildu continúa sin condenar mientras organizar homenajes a asesinos que salen de prisión y usted lo consiente", ha denunciado el diputado de Vox, para quien esta forma de actuar supone un "insulto" a las víctimas y a la dignidad nacional.
En su réplica, el ministro ha defendido que se puede hablar de derechos humanos "con todo el mundo", incluso con la "extrema derecha" y ha restregado a Gil Lázaro que, siendo portavoz de Interior del PP con Aznar, no dijera nada al expresidente cuando informó en 1998 de que había autorizado contactos con el "Movimiento Vasco de Liberación", cuando aseguró que "tomar posesión de un escaño era preferible a empuñar las armas" o cuando apuntó que el proceso de normalización correspondía en primer término a las instituciones y fuerzas políticas vascas "sin ningún tipo de excepción".
"Y ¿sabe cuántas veces Gil Lázaro le refirió al Gobierno de Aznar que estaba acusando de traición a las víctimas, a la unidad de España o a la Constitución? Ninguna. ¿Sabe cuántas veces ustedes exigieron firmeza al Gobierno contra el brazo político de ETA? Cero".
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reprochado a la diputada 'popular' Carmen Riolobos Regadera que insista en pedir su dimisión por su "nefasta" gestión de la pandemia de COVID-19, alegando que la prioridad del PP "parece ser derrocar al Gobierno", mientras que la suya es "derrotar al virus".
"Estamos en medio de una segunda ola en toda Europa. Tenemos prioridades distintas. Su prioridad parece ser derrocar al Gobierno, la mía es derrotar al virus. Para ello, tenemos que seguir trabajando y, si es posible, todos juntos", ha argumentado el ministro en respuesta a la diputada del PP en el Pleno del Congreso de los Diputados.
Riolobos ha criticado a Illa que "pasará a la historia como el incompetente e irresponsable ministro" de la historia de la democracia. "Les doy un cero en prevención, en atención, en protección. Las cifras son pavorosas. Se fueron de vacaciones durante tres meses, dejando solas a las CCAA luchando contra el virus. Si tuviera la más mínima decencia y honorabilidad se habría marchado a su casa", ha indicado.
Por su parte, Illa ha insistido en que el PP también tiene un papel que jugar en la lucha contra el virus, ya que gobierna en cinco comunidades autónomas y, además, es el principal partido de la oposición. "Desde el 11 de marzo, cuando se declaró la pandemia en el mundo, no se han dado cuenta de esto, que el PP tiene también una responsabilidad. Se empeñan en hacer un discurso de derribo del Gobierno, pero no es lo que piden los ciudadanos", ha señalado.
Al respecto, ha recordado que España se encuentra en "una situación muy preocupante de incremento de casos, que puede poner en riesgo otra vez la capacidad asistencial". "Expresen sus ideas convenientemente pero, por favor, centren la prioridad y objetivo en estos meses complicados que vienen por la llegada del invierno en derrotar al virus. A ver si conseguimos esto en las próximas semanas"
Vox ha utilizado este miércoles la sesión de control al Gobierno en el Congreso para arremeter contra el PP, por haber votado en contra de su moción de censura y haber tenido la "poca vergüenza" de situarles en la "extrema derecha". En este contexto, se ha erigido como "única oposición" en el "Congreso de las focas", dado que, a su juicio, la izquierda ha logrado ya "domesticar" a los de Pablo Casado.
Así lo han asegurado la secretaria general del grupo de Vox, Macarena Olona, y su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, en los debates que han mantenido, respectivamente, con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.
Ambos han pedido cuentas a los responsables gubernamentales por el manifiesto que el PSOE y Unidas Podemos suscribieron la semana pasada con Más País y los partidos nacionalistas e independentistas de la Cámara y en el que anunciaban su intención de promover sanciones contra quienes realicen discursos de "odio" o profieran insultos "racistas, xenófobos o machistas" en el Congreso.
Pero, además de revolverse contra ese texto, que según Iglesias es un "cordón sanitario" a Vox, los de Santiago Abascal han utilizado sus turnos de palabras para ahondar en sus reproches a los de Pablo Casado, a quienes Olona se ha referido como la "derecha sumisa, complaciente y contemplativa".
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha advertido al vicepresidente segundo durante el pleno de control del Congreso de los Diputados de que con la gestión del Gobierno dirigido por Pedro Sánchez y el propio Pablo Iglesias "no va a quedar nadie en pie" tras la crisis de la pandemia.
Por su parte el vicepresidente segundo le ha respondido que el discurso moderado que abanderó el líder popular, Pablo Casado, en la pasada moción de censura para desmarcarse de Vox "ha quedado en nada", pues siguen compitiendo por decir "la mayor barbaridad".
Y todo ello porque, a juicio de Iglesias, el PP está "atrapado" estructuralmente a Vox, pues dependen de su apoyo para gobernar en varias comunidades y ayuntamientos, y ha pronosticado que el "monstruo" que han alimentado con un discurso "hipernacionalista irresponsable" va a terminar devorándoles tanto a Cs como a los populares.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es el que más se somete al control parlamentario de Europa y también de los últimos 41 años de historia en España, y ha reprochado al PP que, sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy estuvo siete meses sin acudir a las sesiones de control, argumentando que estaba en funciones.
Así lo ha asegurado en el Pleno de este miércoles, después de que la portavoz del PP, Cuca Gamarra, denunciara el estado de alarma de seis meses y "sin control parlamentario" que quiere aprobar el Gobierno y que, a su juicio, "ha hecho saltar todas las alarmas".
"Sus ansias por colonizar las instituciones rozan la patología totalitaria", ha avisado Gamarra durante su pregunta a la vicepresidenta, que tenía como objetivo saber "qué entiende el Gobierno por separación de poderes", en relación a la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la que, según el PP, solo pretenden "controlar a los jueces".
A este respecto, Gamarra ha pedido a Calvo que retiren de verdad la reforma si quieren que el PP se siente a negociar porque, a su juicio, no la han "parado", como dijo Sánchez, sino que "sigue adelante2, a pesar de la "bofetada de Europa".
"Los términos del diálogo son muy claros: o asalto a los cielos con Podemos, o separación de poderes y Estado de Derecho con el PP. ¿Qué elegien?", ha preguntado la dirigente 'popular'.
Por su parte, la vicepresidenta primera ha respondido que el PP no respeta a los jueces ni al poder judicial porque "tienen bloqueadas sin justificación ninguna la conformación del CPGJ". "¿Por qué lo hacen?", ha preguntado a su vez Calvo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la limitación a los precios del alquiler en zonas afectará a contratos nuevos y a aquellos en vigor sobre la base del precio de contratos anteriores, tomando la información obtenida por los sistemas de índices de precios.
Así lo ha manifestado durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso, en la que el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, le ha preguntado por las medidas que contempla el Ejecutivo "para garantizar el derecho a vivienda digna" durante esta crisis.
Sánchez ha asegurado, al respecto del encarecimiento de los precios del alquiler, que la contención de precios es "un debate necesario", que su Gobierno "no va a eludir su responsabilidad" y que aprobará estas medidas en "la primera Ley de Vivienda de la democracia española".
El presidente del Gobierno ha señalado que esta nueva ley contendrá "mecanismos de contención o eventualmente de bajada de precios" y que con ello "se contendrán las subidas injustificadas tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento interior, acotando los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la Ley de Vivienda".
Estas medidas se llevarán a cabo "en zonas de mercados tensionados", que se determinarán en función de los índices de referencia. En este sentido, ha señalado que el sistema estatal de índice de precios de referencia es el resultado del análisis de más de 11,2 millones de datos de arrendamientos de inmuebles, a partir de fuentes tributarias.
La ley permitirá a comunidades autónomas y ayuntamientos para que, a partir de este sistema de índices de referencia puedan establecer un índice de precios "de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica" y, ha asegurado el presidente, "convalidará los avances de las comunidades que tengan definido un sistema de índice de precios del alquiler".
"PEDIMOS A LA GENTE QUE SE QUEDE EN SU CASA Y LA ECHAMOS A PATADAS"
Todo ello después de que el portavoz de ERC criticada que, de enero a julio, ya se han ejecutado 11.000 desahucios y que "serán muchos más cuando acabe el año". "Mientras le decimos a la gente que se quede en su casa, la echamos a patadas", ha criticado, mostrando ante el Pleno del Congreso una foto, ha dicho, de un desahucio en el madrileño barrio de Carabanchel.
"Mientras la mitad de este Hemiciclo estaba en el botellón del Ibex 35 de Pedro Jota (en referencia al acto organizado por 'El Español') pasaba esto: un desahucio en Carabanchel. Cuatro críos con su madre, los muebles... está pasando prácticamente en todas las ciudades de este país", ha dicho, mostrando la foto.
Por ello, y recordando que el 70% de los desahucios tienen lugar en viviendas en alquiler, ha reclamado al Gobierno que no recurra al Tribunal Constitucional la Ley del Parlament de Cataluña sobre la limitación de precios --"Dejen que lo haga la derecha", ha dicho-- y también una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil "para que jueces desalmados dejen de jugar a la ruleta rusa, a los dados" con familias vulnerables. "Sé que les preocupa, les pido que se ocupen"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la acción del Ejecutivo central en Cataluña respecto a las ayudas para hacer frente a la pandemia del Covid-19 ante las quejas de la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, de recibir "la peor parte" cuando el Estado "asigna a dedo".
"Cataluña ha recibido en este año, 1.246,5 millones de euros del total del fondo sanitario y 337,4 millones de euros del fondo educativo; es decir, en ambos casos es la segunda Comunidad Autónoma que más ha recibido para hacer frente a esta emergencia económica, social y sanitaria", ha reivindicado Sánchez durante la sesión de control al Gobierno que se está celebrando en el Congreso.
Previamente, la diputada catalana, que ha interpelado al jefe del Ejecutivo por los criterios de reparto de los fondos europeos, se ha quejado de que a Cataluña "le toca la peor parte" cuando el Gobierno asigna a dedo, pero no así cuando es competitivo.
Por ello, ha pedido que se tenga en cuenta también a las pymes a la hora de presentar estos proyectos para aspirar a los fondos europeos. "Será una oportunidad para modernizar, déjense de centralismos y acepten el reto de ser lo más eficientes posibles", ha sentenciado la parlamentaria de Junts.
Precisamente sobre estos fondos europeos, Sánchez ha rechazado que sea un dinero para "el pim pam pum", sino que ha pedido que sean para lo contrario: "para la colaboración y la cogobernanza". En este sentido, ha recordado lo que le trasladó el pasado lunes a los presidentes autonómicos, que serán ellos los encargados de ejecutar más del 50% de estos proyectos.
Eso sí, ha precisado que los fondos europeos tienen distintos criterios a la hora de su reparto, e incluso uno de ellos hace referencia a proyectos transnacionales que busquen sinergias con los socios europeos.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha propuesto este miércoles en el Pleno del Congreso que el estado de alarma se prolongue cuatro meses, en vez de los seis que recoge el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, alegando que su Gobierno "está por la unidad". Así, ha planteado que el próximo 9 de marzo sea el Consejo Interterritorial de Salud el que "revise" si debe o no continuar esta medida excepcional.
"Ahí está la propuesta, espero que ustedes la acepten", ha espetado a Pablo Casado durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja. Sin embargo, el líder de los 'populares' ha defendido su oferta de limitar el estado de alarma a dos meses para "salvar" la campaña de Navidad y la "esperanza de millones de españoles, sobre todo los mayores que viven sin sus familias".
Para Casado, esa nueva propuesta de Sánchez para cuatro meses de estado de alarma sigue intentado "eludir" el control parlamentario. "Menos 'Aló presidente' los fines de semana y más venir al Congreso como estipula la Constitución siempre que tiene que dar cuenta de cuestiones tan relevantes como una excepcionalidad constitucional", ha solicitado, para añadir que el Gobierno "aún está a tiempo de aceptar" la propuesta que ha puesto el PP sobre la mesa.
El presidente del PP ha avisado que no se puede aplicar un estado de alarma tan largo "sin control parlamentario ni judicial" porque, a su juicio, eso "desborda el estado de derecho" español y el europeo.
"Le ha dado tanta vergüenza esta cacicada que ni siquiera viene usted a convalidarla a las Cortes mañana", ha manifestado, para añadir que la Ley de Sanidad que aprobó el PSOE en 2011 mandata al presidente del Gobierno en estos casos.
SÁNCHEZ: EL GOBIERNO "ESTÁ POR LA UNIDAD"
En su turno, Sánchez ha recalcado que su Gobierno "está por la unidad" y ha añadido que eso "significa escuchar y tender la mano". Por eso, y con el objetivo de que el PP "apoye este estado de alarma", ha planteado que el Consejo Interterritorial "revise" esta medida dentro de cuatro meses.
"Dentro de cuatro meses el Consejo de Política Interterritorial, donde están representados el Ministerio de Sanidad y los consejeros de Sanidad, si estipulan que no es necesaria ya la alarma, el Gobierno revisará su decisión y levantará el estado de alarma en cuatro meses", ha manifestado, para añadir que si ese órgano dice que hay que continuar otros dos meses, esa medida se prolongará hasta el 9 de mayo.
ACUSA AL PP DE COMETER "ERROR TRAS ERROR"
El jefe del Ejecutivo ha subrayado que la "primera revisión" será el 9 de marzo y la "segunda revisión el 9 de mayo". A su entender, con esos nuevos plazos se podrán encontrar un "amplio apoyo" al estado de alarma que se somete a votación este jueves en el Pleno de la Cámara.
Sánchez ha afirmado que el Gobierno está "luchando de manera contundente contra el virus", con "todas las armas constitucionales" con el "único objetivo" de "salvar vidas, salvar empresas y salvar empleos".
"Lo que estamos haciendo es cogobernar en cooperación con las comunidades, que son las competentes en el ámbito sanitario de salud pública, ofreciéndoles todas las medidas y todos los recursos legales y materiales para lograrlo", ha indicado.
El presidente del Gobierno ha señalado que, en estas circunstancias, hay una oposición que ha optado por el camino del diálogo, el apoyo y la "crítica constructiva" y ha dado las gracias a los grupos que están dispuestos a votar a favor del decreto del estado de alarma este jueves en el Congreso.
Sin embargo, ha acusado al PP de estar cometiendo "error tras error" desde el inicio de la pandemia, llegando a "denegar" un instrumento constitucional "legítimo y eficaz en la lucha contra el virus" como es el estado de alarma. "Llegó a calificarlo como una dictadura constitucional. O es dictadura o es constitucional, pero las dos cosas es imposible señor Casado", le ha espetado.
CASADO LE PIDE "RECTIFICAR" Y SER "HUMILDE"
La oferta de Sánchez ha pillado a contrapié en ese momento a Casado, que le ha acusado de "tropezar" con la misma piedra. A su juicio, en vez de "rectificar, ser humilde y dejarse ayudar", se dedica a "arremeter contra todos".
"Abandone la radicalidad, abandone los pactos con la extrema izquierda. Lo que tiene que hacer es escuchar más a Felipe González y obedecer menos al señor Iglesias. Menos cesarismo de ordeno y mando", ha resaltado, para agregar que los españoles no quieren "ni más bandazos ni más engaños".
Casado ha dicho entonces a Sánchez que "aún está a tiempo de aceptar" la propuesta del PP para un estado de alarma de dos meses. "Es el doble de lo que están aprobado casi todos los países europeos y permitiría limitar la movilidad en los tres puentes", ha enfatizado.
En este sentido, ha afirmado que su mano sigue tendida y que la "pelota" está en el tejado de Pedro Sánchez. "Suya es la responsabilidad, por mi no quedará. Y lo que acaba de decir usted ahora mismo es eludir el Parlamento. Menos 'Aló presidente' los fines de semana y más venir al Congreso como estipula la Constitución siempre que tiene que dar cuenta de cuestiones tan relevantes como una excepcionalidad constitucional", ha proclamado.
"EL PP NO HA DEJADO DE ARRIMAR EL HOMBRO"
Durante su intervención, Casado ha hecho hincapié en que el PP "no ha dejado de arrimar el hombro en ningún momento" y ha apoyó durante dos meses el estado de alarma, cuando las cifras de la pandemia "eran las peores en contagios y fallecidos del mundo por su negligente gestión".
Casado ha subrayado que el PP ha planteado en estos ocho meses un plan de choque económico para evitar los "estragos" de la pandemia, como los "700.000 parados que la EPA desveló" este martes y que el "plan de Presupuestos ruinoso" del Gobierno "solo va a empeorar".
Además, ha señalado que el PP también ha ofrecido al Gobierno un pacto sanitario y un plan B jurídico para "poder reformar la ley de Salud Pública" de 1986 en dos meses.
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